El Gobierno del Estado español ha propuesto un aumento en los impuestos al diésel, una medida que podría tener efectos regresivos, afectando más a las familias de menores ingresos. A pesar de que en 2023 el 45,4% de los hogares del Estado español compraron gasoil, los hogares con rentas más bajas son los que más recurren a este combustible, debido a la mayor proporción de vehículos diésel en su parque automovilístico. Así, estas familias no solo consumirían más diésel, sino que también se verían más afectadas por la carga impositiva derivada del aumento del impuesto especial al gasóleo. Este impuesto es, en general, más bajo que el de la gasolina (0,379 € por litro frente a 0,473 €), lo que ha permitido que el Estado español mantenga una fiscalidad favorable al diésel.
Sin embargo, según un análisis de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 2023, la mayor carga impositiva se presenta en las zonas rurales, donde los hogares, además de ser más dependientes del gasoil, recorren mayores distancias. En estas áreas, el impacto del aumento de impuestos sería más acentuado, lo que evidencia la regresividad del impuesto, al recaer más sobre los hogares de rentas más bajas. La medida, que ha sido rechazada recientemente en el Congreso de los Diputados debido a estos efectos, ha generado un debate sobre su viabilidad y los objetivos medioambientales que persigue.
De implementarse, se estima que el aumento del impuesto al diésel podría generar una recaudación adicional de unos 1.400 millones de euros anuales, según cálculos de la demanda de gasóleo de cada familia. Sin embargo, el aumento de los ingresos no sería suficiente para mitigar la desigualdad que podría agravarse a causa de la propia medida, ya que afectaría principalmente a aquellos que menos capacidad económica tienen.
