Entre 2013 y 2023, se ha registrado un aumento del 287,64% en el número de personas y empresas que han declarado insolvencia y han entrando en concurso de acreedores en el Estado español. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sto significa que cada vez más deudores, tanto individuos como entidades jurídicas, se encuentran en una situación en la que no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras actuales o inminentes.
Este incremento incluye tanto los concursos voluntarios, donde el propio deudor solicita la declaración de insolvencia, como los concursos necesarios, que son solicitados por los acreedores cuando una persona o empresa no puede cumplir con sus deudas.
Cabe señalar que en 2007, año en que comienzan los registros de concursos, se contabilizaron solamente 1.589 casos, y en pocos años la cantidad ya superaba los 10.000. Tras el período en que se hicieron patentes los efectos de la crisis financiera de 2008, se observa una estabilización de los procedimientos concursales hasta aproximadamente 2018. A partir de ese año, en el que se registraron 9.115 casos, la cifra se ha disparado y mantiene un crecimiento exponencial.
Tal es dicho crecimiento que, antes de contabilizar el último trimestre de 2024, casi se han superado los máximos históricos. La previsión es que para finales de año unas 55.000 personas o empresas se declaren insolventes ante sus deudas; 34,6 veces lo registrado en 2007.
Asimismo, es interesante observar que la gran mayoría de declaraciones de insolvencia provienen de personas naturales no empresarias. Volviendo a los datos de 2023, estas representan el 78,38% del total, con 33.268 declaraciones. En segundo lugar, y yendo en contra de la tendencia general, se sitúan las empresas u organizaciones que, a pesar de alcanzar los 5.447 casos—el segundo peor año de la historia—, presentan un ligero decrecimiento respecto al año anterior. De igual manera, el grupo más reducido lo componen las personas físicas empresarias, con 3.728 casos.
En general, se observan tendencias ascendentes nunca antes vistas en las declaraciones de insolvencia económica. Se evidencia que la peor parte la sufren las personas físicas no empresarias, mientras que, a pesar de que las empresas o personas físicas empresarias insolventes también estén prácticamente en máximos históricos, los apoyos institucionales tanto económicos como jurídicos muestran un crecimiento completamente descontrolado en estos dos grupos.
