Diversos colectivos y gaztetxes de Euskal Herria se han movilizado este miércoles por la tarde contra la ley que endurece las penas por ocupación, la cual será votada este jueves en el Congreso de los Diputados. La concentración frente a la sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz ha exigido el rechazo a la propuesta, alertando de “sus graves consecuencias para las clases trabajadoras expulsadas de la vivienda”.
La protesta surge en respuesta a la reforma que busca endurecer el castigo a la ocupación y agilizar los desalojos mediante juicios exprés. Tras recibir un veto en el Senado, la medida regresa este jueves al Congreso para su votación definitiva. Los convocantes, que incluyen colectivos y gaztetxes organizados bajo la Defentsa Komunitatea (Comunidad de Defensa), denunciaron que esta reforma “no solo criminaliza la ocupación, sino que también limita las posibilidades de acceder a espacios para vivir o autoorganizarse”.
Según señalaron en el acto, la ley tiene dos efectos principales: por un lado, facilitar desalojos rápidos mediante procedimientos judiciales acelerados, “reduciendo las opciones de vivienda para las personas en situación de vulnerabilidad”. Por otro lado, advirtieron que “endurecer las penas por ocupación contribuye a legitimar discursos de extrema derecha”. Subrayan que esta “ofensiva legal” normaliza propuestas que atentan contra los derechos básicos de la clase trabajadora; “es abrir la puerta al fascismo”, afirmaron.
Los manifestantes responsabilizaron directamente a los partidos que han impulsado o respaldado la reforma. En el contexto vasco, criticaron el papel del PNV y EH Bildu, quienes votaron a favor de la propuesta en noviembre. “El PNV, como representante de la burguesía vasca, defiende directamente los intereses de las clases propietarias. Por su parte, EH Bildu, pese a admitir el error, ha cedido en la primera ocasión que ha tenido”, denunciaron. Los colectivos reafirmaron su compromiso con la lucha contra la criminalización de la ocupación y llamaron a la organización frente a “una ofensiva política, mediática y legal que pretende expulsarnos de nuestros hogares y nuestros espacios”.
