El informe Derecho a la vida 2024 de la ONG Caminando Fronteras, publicado este jueves, documenta un alarmante aumento de muertes en la Frontera Occidental Euroafricana, alcanzando 10.457 víctimas de 28 países; un promedio de 30 muertes al día. Esta cifra representa el período más mortífero desde que se tienen registros, con un total de 421 mujeres y 1.538 niñas, niños y adolescentes entre las víctimas. La ruta Atlántica, especialmente hacia las Islas Canarias, continúa siendo la más peligrosa, con 9.757 muertes registradas. Le sigue la ruta Argelina, con 517 víctimas, y el Estrecho de Gibraltar, que ha cobrado 110 vidas.
El informe también señala las causas que contribuyen al alto número de víctimas, entre las que destacan la omisión del deber de socorro y la externalización de fronteras, que priorizan el control migratorio sobre el derecho a la vida. La falta de recursos y la inacción en los rescates, así como la criminalización de organizaciones y familias, son factores que agravan la situación. Además, las condiciones precarias en las que los migrantes viajan, junto con la violencia estructural que enfrentan, incrementan los riesgos, especialmente para las mujeres, quienes sufren violencia sexual y explotación laboral en su tránsito.
Otro aspecto crítico del informe es la creciente desprotección de los menores migrantes, quienes a menudo son tratados como adultos y enfrentan una total falta de garantías en las rutas migratorias. En Canarias, por ejemplo, se ha denunciado que niños y niñas no identificados correctamente conviven con adultos en centros de acogida, lo que los expone a graves peligros. La falta de un tratamiento adecuado a la infancia en estas rutas migratorias refleja la insuficiencia de medidas por parte de las autoridades, dejando a los menores vulnerables al abuso y explotación.
El informe también aborda la difícil situación de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en las rutas migratorias. A pesar de algunos avances en la recepción de denuncias, las familias continúan enfrentando grandes obstáculos para ejercer sus derechos, como la falta de acceso a pruebas de ADN o la estigmatización en el proceso de denuncia. Frente a estos desafíos, Caminando Fronteras concluye que las familias recurren a redes comunitarias y a la ayuda de la familia extensa para poder localizar a sus desaparecidos, “mientras enfrentan el sistema fronterizo que perpetúa la muerte y la impunidad”.
