El sistema de pensiones en el Estado español sigue siendo un tema crítico, especialmente en varias provincias, donde la relación entre cotizantes y pensionistas se encuentra en niveles alarmantemente bajos. Según un informe reciente que trae a colación el diario El País, 30 provincias tienen menos de dos cotizantes por cada pensionista, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema. Esta situación es aún más grave en regiones como Ourense, Lugo y León, donde en algunos casos no llega a haber un cotizante por cada pensión abonada. En contraste, algunas zonas con una fuerte actividad económica, como Figueruelas (Zaragoza) o el Parque Tecnológico de Zamudio (Bizkaia), tienen ratios de cotizantes significativamente más altas, gracias a su presencia industrial.
La media estatal de cotizantes por pensionista en el Estado español es de 2,4, un leve aumento respecto a la ratio de 2,3 registrada entre 2011 y 2020. Ante esto, algunos expertos subrayan la importancia de “la solidaridad entre regiones”, uno de los pilares del sistema de pensiones públicas, que permite que las zonas más dinámicas económicamente subvencionen a aquellas con una población envejecida. Sin embargo, expertos advierten que si la ratio de cotizantes sigue descendiendo, el sistema podría volverse insostenible a largo plazo.
Un ejemplo extremo de esta problemática es Badia del Vallès (Barcelona), donde apenas 0,3 personas cotizan por cada pensionista. Este municipio, caracterizado por ser un área de viviendas periféricas, ilustra la desajustada relación entre población activa y pensionistas en diversas zonas del país. Por otro lado, localidades como Yaiza en Lanzarote, con una alta concentración de trabajadores en el sector hotelero, presentan una ratio mucho más favorable, lo que les permite mantener un sistema de pensiones más saneado.
La movilidad de los trabajadores y pensionistas también tiene un impacto considerable en la sostenibilidad del sistema. Muchos pensionistas viven en localidades distintas a aquellas en las que cotizaron durante su vida laboral. Este fenómeno acelera la urgencia de mantener el sistema de pensiones de caja única a ojos de Madrid: tiene que garantizar la redistribución de los recursos y evitar la desintegración territorial del sistema, desde Euskal Herria y Catalunya llegan demandas por transferir competencias sobre la Seguridad Social. Por lo tanto, estas diferencias territoriales podrían suponer un serio desafío a la hora de buscar pactos de estado entre la Moncloa y las fuerzas políticas soberanistas, ya que el ratio de cotizantes por pensionista no es el mismo en todas partes, y poco a poco se está convirtiendo en un ratio de pensionistas por cotizante.
