En 2024, Argentina ha experimentado un aumento alarmante en los niveles de represión, con estadísticas que reflejan una violencia policial comparable a la vivida en el país antes de la restauración de la democracia en 1983. Según la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, las operaciones de las fuerzas policiales han dejado un saldo de al menos 1.146 personas heridas, lo que representa un promedio de casi tres heridos por día. La mayoría de los incidentes ocurrieron en la capital, Buenos Aires, y en la provincia del mismo nombre, reflejando una tendencia preocupante en el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
Además de los heridos, se han registrado 430 muertes atribuibles a la violencia institucional en el país durante el mismo período. De estas muertes, 302 ocurrieron en cárceles, comisarías y alcaldías, mientras que otras 108 fueron el resultado de fusilamientos arbitrarios, conocidos popularmente como “gatillo fácil”. Estos hechos refuerzan las denuncias de abusos por parte de las fuerzas policiales, que han sido objeto de críticas por organizaciones sociales y de derechos humanos. A lo largo de este año, también se ha reportado una serie de feminicidios y otros casos de violencia intrafamiliar, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad para ciertos sectores de la sociedad.
En el contexto de estos hechos, el gobierno del presidente Javier Milei ha sido señalado por un aumento en los allanamientos violentos a organizaciones sociales. Un total de 77 entidades fueron objeto de estas operaciones durante el primer año de su mandato, que abarcaban distintos ámbitos económicos, laborales y sociales. La creciente represión en el país genera un debate sobre el respeto a los derechos políticos.
