El 91% de la producción automovilística del Estado español amenazada por nuevas normas de emisiones europeas

La UE exige reducir las emisiones medias de CO₂ a 93,6 g/km en 2025, obligando a elevar las ventas de vehículos eléctricos puros al 22% desde el actual 13,2%, una opción que los fabricantes no ven posible.

Línea de producción de coches.
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La industria automovilística europea afronta un desafío significativo con la entrada en vigor en 2025 de nuevas restricciones de emisiones impuestas por Bruselas. La normativa CAFE exige reducir las emisiones medias por kilómetro de vehículos nuevos matriculados de 115,1 gramos de CO₂ a 93,6 gramos. Para cumplir este objetivo, Europa debería incrementar las ventas de vehículos eléctricos puros al 22%, frente al 13,2% actual, una meta que los propios fabricantes consideran muy difícil de alcanzar.

El incumplimiento de estos requisitos podría resultar en multas de hasta 15.000 millones de euros para los fabricantes y el posible cierre de hasta ocho fábricas en Europa, según ha advertido la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA). La sobreproducción estimada de 2,4 millones de coches de combustión en el mercado obligaría a las marcas a reducir su producción, afectando directamente a al Estado español, donde el 90,8% de los vehículos producidos son de combustión.

En el Estado español, solo algunas plantas, como las de Stellantis en Vigo (Pontevedra), Zaragoza (Aragón) y Madrid, o la de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz (Araba), fabrican vehículos eléctricos. Grandes fabricantes como el Grupo Volkswagen, con plantas en Landaben (Nafarroa) y Martorell (Catalunya), podrían verse gravemente afectados. Además, modelos como el Cupra Tavascan enfrentan dificultades adicionales debido a los aranceles europeos sobre vehículos eléctricos importados de China, lo que impacta la capacidad de las marcas para cumplir con los objetivos de emisiones.

Ante esta situación, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) propone medidas como prórrogar las ayudas del plan Moves III y la implementación de nuevos programas de incentivos. A su vez, ACEA ha sugerido a la Comisión Europea considerar el promedio de emisiones de CO₂ de los años 2025, 2026 y 2027 en conjunto. En caso de darse dichas prórogas, se sumarían a una larga cadena de fracasos e incumplimiento de objetivos que viene acumulando Europa en materia medioambiental durante los últimos años.