Vox ha vuelto a enfrentar críticas por la falta de transparencia en los ingresos de su cúpula directiva. Según las últimas cuentas publicadas por el partido, correspondientes a 2023, al menos 646.522 euros fueron distribuidos entre 12 miembros de su equipo directivo, lo que equivale a cerca de 54.000 euros anuales por dirigente. Sin embargo, el partido no especifica la cantidad exacta que recibe cada uno, lo que ha generado sospechas. Entre los beneficiados están figuras como Santiago Abascal, Jorge Buxadé y Ignacio Garriga, quienes ocupan importantes cargos tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo, pero que han sido señalados por no detallar el origen de sus ingresos en sus declaraciones de bienes, según apuntan eldiario.es y El Plural.
Uno de los casos más destacados es el de Abascal, quien en su declaración presentó un salario de 37.357 euros por su cargo en Vox y añadió 18.000 euros adicionales como presidente del grupo parlamentario. A estos ingresos se suman sus 3.236 euros mensuales como diputado y otros 992 euros mensuales para cubrir “gastos parlamentarios”, lo que eleva su salario total a más de 100.000 euros anuales. Otros miembros de la cúpula, como Manuel Mariscal y Javier Ortega Smith, también reciben sobresueldos y tienen propiedades o vehículos de lujo, pero muchos de ellos no han especificado los detalles de sus ingresos. Mariscal, por ejemplo, declaró un salario de 55.000 euros anuales de Vox, además de contar con una propiedad adquirida recientemente y un préstamo hipotecario.
Mientras tanto, figuras destacadas de la formación como Ignacio Hoces y Javier Ortega Smith se limitan a declarar “ingresos genéricos”, sin aclarar su origen, lo que ha generado aún más dudas sobre la opacidad financiera del partido. Garriga, por su parte, solo aclara que recibe 88.973 euros del Parlament de Catalunya y 16.032 euros en dietas, sin dar detalles sobre su salario como secretario general de Vox. En medio de estas omisiones, el partido se defiende asegurando que “no existen irregularidades”, a pesar de las crecientes críticas sobre el uso de recursos públicos y la falta de transparencia financiera.
