El Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell (Catalunya) ha archivado la querella presentada en 2020 contra once agentes de la Guardia Civil, acusados de torturas, amenazas y coacciones durante la detención de miembros de los CDR en la conocida Operación Judas de 2019. La magistrada argumentó que, supuestamente, “no se encontraron indicios suficientes de delito”. Además, la resolución definitiva está condicionada por una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Entre los denunciantes, Jordi Ros alegó maltratos físicos y psicológicos, así como presiones para autoinculparse, pero según el auto, “no se aportaron pruebas concluyentes”.
La investigación estuvo marcada por duras críticas de la Audiencia Provincial de Barcelona, que en mayo de 2024 ordenó a la jueza reactivar el caso tras calificar la instrucción de “pésima” y señalar dilaciones indebidas. Aunque se programaron citaciones para los agentes investigados en diciembre, estas fueron aplazadas pocos días antes. Finalmente, el 19 de diciembre, el juzgado aceptó las solicitudes de archivo del ministerio fiscal y la defensa, afirmando que la aplicación de la amnistía planteada debía esperar al fallo del TJUE.
Organizaciones como Alerta Solidaria califican el archivo como un “fraude de ley” que refuerza la impunidad frente a denuncias de torturas en el Estado español. Además, denuncian que Ros fue sometido a malos tratos durante su traslado a dependencias policiales y a un centro en Madrid, incluyendo amenazas hacia su familia y posibles intoxicaciones. Sin embargo, la jueza señaló que “no se documentaron estos hechos en un habeas corpus presentado en 2019”, y que los familiares “no respaldaron las acusaciones”.
