El Gobierno español ha decidido asumir el traspaso de hasta 40.000 viviendas de Sareb, la sociedad creada para gestionar los activos inmobiliarios derivados de la crisis financiera, a una nueva empresa pública destinada a la gestión de vivienda. Esta operación, que podría alcanzar un coste de 4.000 millones de euros, tiene como objetivo, en teoría, “aumentar el parque de viviendas públicas”, con la posibilidad de venderlas o destinarlas al alquiler social. Sareb, que sigue arrastrando una deuda de 29.000 millones de euros, había vendido estos activos principalmente al sector privado para ir amortizando dicho pasivo. Sin embargo, con este movimiento, será el Estado español quien se encargue de la deuda, lo que genera inquietud sobre el impacto fiscal a largo plazo.
Las viviendas en cuestión están en diferentes estatus, algunas ya se encuentran alquiladas a familias vulnerables a través de programas sociales, mientras más que el 40% están vacías o en litigios judiciales. Sareb, que ha estado bajo el control mayoritario del sector público desde 2022, continúa con una significativa participación privada, lo que complica la estructuración de esta operación. Los detalles sobre el pago aún están pendientes: expertos aseguran que si la transacción no se valora “adecuadamente”, Sareb podría tener dificultades para cumplir con el plazo de devolución de su deuda, que vence en 2027, lo que implicaría mayores costos para las arcas públicas.
A corto plazo, el traspaso de estas viviendas podría ofrecer una solución inmediata para aliviar la falta de vivienda pública, especialmente en áreas con alta demanda de alquiler social. Sin embargo, genera dudas en el medio y largo plazo. Moncloa también enfrenta desafíos importantes en la gestión de los activos de Sareb, que incluyen suelos con capacidad para desarrollar miles de viviendas y proyectos de alquiler asequible. La suspensión de varias operaciones de venta de Sareb, como la de la promotora Árqura y los terrenos del Proyecto Viena, refleja la incertidumbre que rodea a este proceso. A medida que las negociaciones continúan, el futuro de la deuda y los activos de Sareb sigue siendo una cuestión clave que podría afectar la estabilidad financiera del Estado español.
