El 21 de enero, agentes de la Policía española detuvieron de manera arbitraria a una persona migrante en la calle de Iruñea (Nafarroa). Tras solicitar su identificación, lo trasladaron a la comisaría alegando que no se trataba de una detención, sino que simplemente le entregarían una notificación. Sin embargo, una vez en la comisaría, la Policía le comunicó que estaba detenido, según denunció el Punto de Información a Migrantes (PIM). Este colectivo ha señalado que la legalidad de la detención es cuestionable, ya que el control fue resultado de un perfil racial, y no de indicios de delito.
El joven detenido se encuentra en situación administrativa irregular, y la policía asegura que pesa sobre él una orden que le prohíbe la entrada en el espacio Schengen. Supuestamente, las autoridades pretenden proceder con su deportación, estando ahora a la espera de la autorización de la Delegación del Gobierno español. “Nos preocupa profundamente que esta sea la política que el Gobierno actual quiere instaurar: detener en la calle a personas de apariencia magrebí y aplicar directamente órdenes de expulsión”, denunció un miembro del PIM a Gedar Langile Kazeta.
El joven en riesgo de deportación forma parte de redes de apoyo a personas indocumentadas y del movimiento antirracista. En estos momentos, miembros de diversos colectivos se encuentran concentrados frente a la comisaría de la Policía española en la calle General Chinchilla para exigir su liberación inmediata. Entre los presentes están representantes del propio PIM, El Hadji Gune Autogestionatua, el Consejo Socialista de Iruñerria, el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria, BDZ, Haritu y Dar Etxea, entre otros.
