La tercera cumbre global sobre inteligencia artificial (IA) se llevará a cabo en París los días 10 y 11 de febrero, con la ambición de liderar la conversación sobre el futuro de esta tecnología. Sin embargo, las propuestas que el gobierno francés presentará durante la cumbre, según varios documentos filtrados a POLITICO, podrían enfrentar obstáculos significativos. Uno de los principales objetivos sería lograr compromisos internacionales sobre el desarrollo de una IA “inclusiva y sostenible”. Este enfoque parece entrar en contradicción con las políticas adoptadas recientemente por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, que ha mostrado un escepticismo general hacia las políticas de diversidad e inclusión y ha dado marcha atrás en compromisos medioambientales, lo que pone en duda el respaldo de una de las principales potencias tecnológicas a esta declaración.
Además, el gobierno francés también busca revitalizar la Iniciativa Global para la IA Responsable (GPIA), una coalición que promueve “el desarrollo ético de la IA”, aunque los resultados de esta iniciativa son inciertos, especialmente si no logra atraer a un número significativo de países durante la cumbre. Si bien estas iniciativas suelen sonar ambiciosas en los papeles de las cumbres, a menudo quedan en simples declaraciones de intenciones, sin medidas concretas que obliguen a los países o empresas a cumplir con estos compromisos.
El presidente Emmanuel Macron también intentará atraer inversiones en el sector de la IA durante una reunión con gigantes tecnológicos como Microsoft y Google, aunque las expectativas sobre si esto realmente beneficiará a la industria francesa siguen siendo inciertas. Mientras tanto, otro punto polémico de la cumbre es la propuesta de “involucrar a los representantes de los trabajadores en las decisiones sobre la integración de la IA en el entorno laboral”. Esta medida ha generado resistencia en el sector privado, especialmente en empresas que ya están empezando a reemplazar puestos de trabajo con sistemas automatizados, lo que plantea dudas sobre el verdadero impacto de estas iniciativas en los derechos laborales.