La población en edad de trabajar ha disminuido en casi un millón de personas desde 2019 en el Estado español, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el mismo período, la población extranjera en edad laboral ha aumentado en 2,1 millones, lo que ha permitido mitigar el impacto del envejecimiento y mantener a flote el mercado laboral. Este fenómeno, conocido como “invierno demográfico”, está provocando una transformación irreversible en la estructura poblacional y económica del país.
El envejecimiento de la población es un proceso imparable, que ha afectado ya a la creación de empleo. En 2024, solo 59.000 de los 468.000 nuevos puestos de trabajo fueron ocupados por personas nacidas en el Estado español, mientras que el resto fueron cubiertos por inmigrantes. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en los últimos años ha habido una notable disminución de autóctonos en edades de 25 a 54 años, mientras que ha aumentado la población de más de 55 años. Esta tendencia refleja el descenso en las tasas de natalidad y la migración de trabajadores extranjeros, principalmente de América Latina, que han cubierto los puestos vacantes en sectores como la hostelería, agricultura y servicios.
La dependencia de la inmigración para sostener la economía está reflejada en el empleo. De los 1,9 millones de empleos creados desde finales de 2019, 70% fueron ocupados por trabajadores extranjeros o con doble nacionalidad, lo que ha contribuido al crecimiento del PIB en más de 60.000 millones de euros. A pesar de los beneficios inmediatos para las empresas y el estado, expertos como Miguel Ángel García, investigador de Fedea, advierten que este patrón de crecimiento podría tener consecuencias a largo plazo, especialmente si la economía experimenta una desaceleración.
Además, como han demostrado diversos estudios, los trabajadores inmigrantes tienen por lo general ocupaciones obreras: empleos tradicionalmente asociados a actividades manuales, con peores salarios y menor estabilidad; puestos que los autóctonos no quieren ocupar. Un informe de 2020 titulado Un arraigo sobre el alambre. La integración social de la Población de Origen Inmigrante (POI) en España realizado por Cáritas Española y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontifica Comillas, demostraba que el 75% de los inmigrantes en el Estado español se desempeñaba en los empleos de peor calidad, aunque tuvieran una media de 10 años de residencia y el 25% contara con estudios universitarios.
En cuanto al nivel de arraigo, el informe revelaba que un 74% de la población de origen inmigrante llevaba más de 10 años viviendo en el Estado español; uno de cada 3 ha adquirido la nacionalidad española; el 62% tiene la intención de quedarse y un 23% de las parejas son uniones mixtas.
