El 28 de febrero, Martín Alejandro Macedo Barrera, alias “El Kamala”, fue detenido por su presunta implicación en el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, (Guerrero, México). La detención tuvo lugar en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, y ha sido considerada un avance dentro de la investigación, aunque aún está lejos de esclarecer el caso en su totalidad. Macedo Barrera, quien presuntamente formaba parte del cártel Guerreros Unidos, confesó haber disparado contra algunos de los estudiantes, siguiendo órdenes de un líder del crimen organizado conocido como “Choky”.
Este arresto se suma a otros intentos de la administración actual por dar con los responsables, en medio de años de impunidad y falta de avances significativos en el caso. La detención de Macedo Barrera se produce después de una serie de protestas y demandas por parte de los familiares de los desaparecidos, quienes han mantenido presión constante para que se esclarezca la verdad.
El gobierno mexicano ha conformado un nuevo equipo interinstitucional para retomar las investigaciones, compuesto por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, este equipo deberá enfrentar una serie de obstáculos, como la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar archivos militares que podrían ser cruciales para la resolución del caso. A pesar de las intenciones del gobierno, los avances siguen siendo limitados, y el hecho de que el caso se haya mantenido sin una solución definitiva durante más de diez años pone en duda el compromiso real con la verdad por parte de los aparatos de Estado mexicanos.
Además, el abogado de las familias de los normalistas, Vidulfo Rosales, ha señalado que el nuevo equipo de investigación utilizará tecnología avanzada y métodos científicos para reconstruir los hechos. Sin embargo, los familiares siguen esperando una respuesta más contundente por parte de las autoridades, a pesar de los continuos obstáculos y las sospechas de complicidad entre actores políticos, policiales y el crimen organizado.
