El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria ha informado de una trágica muerte ocurrida en la oficina de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, en Zalla (Bizkaia). Hace unos días, un hombre perdió la vida debido a un infarto, después de haber acudido a la oficina a tratar de evitar la pérdida de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). El hombre había presentado informes médicos que indicaban sus graves problemas de salud, los cuales le impedían participar en los cursos de formación que Lanbide le había asignado. Sin embargo, los administradores de la oficina desestimaron su situación y, en lugar de atender su caso, lo amenazaron con la retirada de la ayuda económica. Pocos minutos después, el hombre sufrió el infarto en las mismas instalaciones de la oficina.
El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria ha expresado su apoyo a los familiares de la víctima y ha denunciado que la muerte es una “consecuencia directa” de la presión que Lanbide ejerce sobre las personas que reciben ayudas económicas. El sindicato ha calificado este incidente como un “ejemplo extremo” de lo que muchas personas vulnerables enfrentan al interactuar con Lanbide, que cada vez adopta medidas más restrictivas y represivas hacia los beneficiarios de prestaciones sociales. “Este caso demuestra el trato que muchos reciben por parte de Lanbide, con medidas cada vez más restrictivas y punitivas”, han señalado.
Desde el sindicato se ha recordado que a la creciente pobreza y la incertidumbre se suman las políticas de recortes y reformas impulsadas por el Gobierno Vasco, que han endurecido las condiciones para acceder a ayudas como la RGI. Estas medidas, han indicado, “están excluyendo a los sectores más débiles de estas ayudas y se están utilizando las prestaciones sociales como una herramienta de control y represión”. Asimismo, han señalado que las intervenciones policiales y las sanciones también se están incrementando, con un uso cada vez mayor de la Ertzaintza para realizar registros en los domicilios de quienes reciben ayudas.
“La burocracia impuesta por el gobierno y Lanbide tiene dos funciones principales: expulsar a ciertas personas de las prestaciones y utilizarlas como medidas disciplinarias. Estas tareas burocráticas son violencia y tratan a las personas vulnerables con sospechas infundadas”, han concluido desde el sindicato, comprometiéndose a seguir luchando por unas condiciones de vida dignas para todos.
