La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de Madrid (FesMC), que forma parte de la Unión General de Trabajadores (UGT), se enfrenta a siete denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo por presuntos incumplimientos de la normativa laboral. Los denunciantes, un grupo de delegados del sindicato, aseguran que UGT no cumple con diversas obligaciones legales, como la falta de una evaluación de riesgos psicosociales y laborales, algo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los denunciantes aseguran que la situación sigue sin resolverse, a pesar de que la Inspección de Trabajo estableció una fecha límite para que la organización cumpliera con estas normativas.
Según recoge El Economista, en las denuncias presentadas también se incluye la falta de un protocolo de acoso moral, que según los delegados no fue correctamente resuelto por la Inspección, al confundirlo con el protocolo de acoso sexual. En este sentido, el inspector responsable de la inspección advirtió a la organización de que, en caso de no corregir las irregularidades, se impondrían sanciones. Además, los delegados señalan que el sindicato ha vulnerado derechos laborales, incluyendo despidos improcedentes de trabajadores con discapacidad y represalias contra aquellos que han denunciado las irregularidades. Algunos de los denunciantes aseguran que la dirección de UGT convocó elecciones sindicales de manera anticipada con el fin de apartar a los delegados que habían presentado las denuncias.
Además de los aspectos relacionados con la seguridad y la salud laboral, los delegados también han solicitado información económica sobre la organización, específicamente en relación con el contrato de asesoría jurídica que UGT mantiene con la sociedad Civex. Los denunciantes sospechan de posibles irregularidades en este contrato, pero aseguran que el sindicato ha rechazado proporcionar la información solicitada. A pesar de que algunas de las denuncias fueron archivadas, los delegados han recurrido la decisión de la Inspección de Trabajo y han demandado a UGT por presuntas vulneraciones de la libertad sindical. En paralelo, también han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo debido a lo que consideran una actuación insuficiente por parte de la Inspección.
