La última edición de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales, previa al IX Informe FOESSA, evidencia que el 21,4% de los hogares en los que la principal sustentadora es una mujer se halla en exclusión social, frente al 16% si el sustentador es un hombre. A pesar de una tibia mejoría en lo que a los números se refiere respecto a años anteriores, esta cifra pone de manifiesto que el problema de la exclusión social. Es una afección generalizada en los estratos sociales económicamente más vulnerables, pero afecta en mayor medida a la mujer trabajadora.
Otro dato relevante situa la brecha salarial en el 19,6%, lo que implica una diferencia de 5.212,74 euros anuales con respecto a los hombres, mientras que la tasa de desempleo femenino (12,54%) continúa superando a la masculina (10,02%). Asimismo, la precariedad y la economía sumergida acentúan la inestabilidad de quienes desempeñan labores domésticas, agrícolas o de cuidados, impidiéndoles contar con un respaldo legal y protecciones sociales básicas.
El panorama internacional tampoco resulta más alentador. A nivel mundial, las mujeres y niñas siguen siendo las principales víctimas de crisis humanitarias, conflictos armados y desastres naturales. En 2023, el número de mujeres asesinadas en conflictos armados se duplicó, representando el 40% de las víctimas mortales. Además, la violencia sexual en contextos de guerra aumentó un 50%. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos el 62% de las mujeres en migrantes está insegura durante su desplazamiento, y una de cada tres no logra sentirse segura en su lugar de destino.
