El Ministerio de Hacienda del Gobierno español se ha mantenido firme en su postura de no adaptar el IRPF a la reciente subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025, lo que ha generado un conflicto puntual en el Gobierno de coalición.
A pesar de las ligeras presiones de Sumar, que propone eximir de la tributación a los trabajadores que perciban el SMI, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, ha utilizado su derecho de veto para bloquear esta medida.
Según fuentes del Ministerio consultadas por El País, la negociación entre las partes no ha logrado avances y la propuesta de Sumar será finalmente rechazada en la Mesa del Congreso de los Diputados. Este veto también se extiende a las iniciativas del PP y Podemos.
El aumento del SMI aprobado en febrero de 2025, que se queda en los 1.184 euros brutos mensuales, ha generado que algunos de los trabajadores que perciben este salario, además de los embistes inflacionarios, deban tributar por el IRPF por primera vez, debido a las modificaciones en los umbrales de tributación.
Hacienda sostiene que, a pesar de este incremento, “el salario mínimo ha subido un 61% desde 2018 y no debe seguir exento de tributación, ya que no se considera una renta de subsistencia”. Desde el ministerio dirigido por Montero consideran que “solo un pequeño porcentaje” de los perceptores del SMI se verán afectados por la retención del IRPF”. Visto en términos absolutos, las cifras no parecen igual de alentadoras, entre 2,3 y 2,5 millones de trabajadores cobran el SMI. La medida llega, además, en un contexto donde se anuncian subidas del presupuesto militar.
La propuesta de Sumar y la moción aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados, en la que se insta a sus socios de Gobierno a dejar el SMI exento de tributación, han quedado en un punto muerto. Si bien Sumar buscará levantar el veto en la Mesa del Congreso con el apoyo del PP, el resultado de esta maniobra es incierto. Fuentes del PP han confirmado su intención de impedir que los perceptores del SMI tengan que tributar, pero reconocen que la propuesta podría requerir enmiendas para su correcta implementación.
