La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes el inicio del trámite de consulta pública para la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).
Según ha detallado en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, la propuesta permitirá que las universidades públicas “puedan gestionar los remanentes en el mercado” y utilizar edificios históricos “con mayor libertad para explotarlos como ellas consideren”.
La ley prevé también la creación de un “distrito único de prácticas” y el impulso a la formación dual. Ayuso afirma que “se aportan otras formas para generar más ingresos”, aunque reconoce que “la aportación por parte de la administración debe ir creciendo en base del PIB”.
La LESUC, aún en fase de borrador, unificará la regulación de universidades, investigación, FP superior, enseñanzas artísticas y deportivas, y escuelas de negocios, según avanza la Comunidad de Madrid.
La Sección Sindical de CGT en la Universidad Complutense de Madrid ha denunciado que la futura ley consolida un “proceso de privatización” y “asfixia financiera” de las universidades públicas de la región. En un comunicado, la organización sindical ha recordado que “la Comunidad de Madrid, siendo la de mayor PIB, es la que menos invierte por estudiante y la que tiene las matrículas más caras”.
Según datos citados por CGT y extraídos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, entre 2000 y 2024 las matrículas en universidades públicas cayeron un 18%, mientras que en las privadas crecieron un 120% en grado y un 68% en máster.
No obstante, la ley no contempla explícitamente recortes presupuestarios ni impone una financiación exclusiva vía mercado, sino que introduce “nuevas fórmulas de inversión” y mecanismos para que las universidades generen “ingresos adicionales”, según el texto oficial y las declaraciones de Ayuso.
CGT-UCM también ha criticado la ausencia de transparencia en la elaboración de la ley y alerta de que el proyecto “transforma a las universidades públicas en agentes financieros e inmobiliarios”.
La organización sindical convoca movilizaciones el 22 y 29 de mayo para rechazar la tramitación del texto y reclama más participación de la comunidad universitaria en el proceso.
Por su parte, la presidenta Ayuso ha defendido que el objetivo es “fomentar la colaboración público-privada” y dotar de “mayor autonomía a las universidades para captar recursos, sin que esto implique una renuncia a la financiación pública”, que -según sus palabras- “debe ir creciendo en base del PIB”.
La aprobación definitiva de la LESUC está prevista para finales de 2025, tras el periodo de alegaciones y debate parlamentario.
