Z.S., un joven de 18 años, ha presentado una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por una agresión sufrida en 2022, cuando era menor de edad, por parte de vigilantes de seguridad privada de la empresa Prosegur en el Metro de Barcelona.
Según explica en una entrevista con directa.cat, los hechos ocurrieron la noche del 26 de noviembre de 2022 en la estación de Glòries (Barcelona, Catalunya), cuando intentó acceder con una tarjeta T-16 que había dejado de funcionar pero que seguía siendo válida según los criterios del propio sistema de transporte metropolitano.
“El día anterior ya me había dado el mismo error en la estación de Vall d’Hebron y la trabajadora de la estación me abrió y me dejó pasar”, explicó.
Esa noche no había personal de atención al cliente en la estación, sólo vigilantes de seguridad. Las imágenes de las cámaras de acceso muestran una discusión verbal entre el joven y uno de los vigilantes, que terminó con Z.S. saliendo de la estación junto a su pareja.
A unos diez metros de la salida, según el relato del joven, los dos fueron interceptados por dos vigilantes. “Me agarran los dos, sin decirme nada, me tiran al suelo. El hombre se tumba encima y empieza lo peor. Lo grave no era que me pegara, sino que me estaba ahogando. Era un hombre muy grande y pesado. Le dije un par de veces que me estaba ahogando, aunque me costaba, prácticamente no podía respirar, y él no paraba”, declaró.
El joven afirma que decidió irse en autobús porque no le dejaban pasar a pesar de tener un título válido. “Estoy seguro de que salieron al exterior porque sabían que estaba todo en obras y no había ninguna cámara de videovigilancia. Por suerte, mi pareja lo pudo grabar.”
Tras la intervención de los Mossos d’Esquadra, Z.S. fue liberado de las esposas y trasladado al Hospital del Mar, donde un informe médico acreditó contusiones en la cara y otras partes del cuerpo.
El proceso judicial concluyó con una sentencia absolutoria para los vigilantes. El abogado de Irídia, Ton Mansilla, que asumió la representación legal del joven en la segunda vista oral, afirmó que “se ha incumplido la obligación de investigar adecuadamente la denuncia”.
La demanda presentada ante el TEDH alega vulneración del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las torturas y los tratos inhumanos o degradantes.
Mansilla subraya que buscan “ampliar la jurisprudencia del TEDH en relación con la obligación procesal de investigar, no sólo cuando son policías, sino también cuando las torturas las perpetran agentes de seguridad privada que están ejerciendo funciones públicas”.
El joven, que llegó a Catalunya desde Irak con dos años y perdió a su madre durante la pandemia, lamenta haber tenido que enfrentarse solo al proceso: “De alguna manera el sistema debería dar herramientas a un menor que presenta una denuncia a personas adultas, aunque solo fuera un asesoramiento. No está bien que yo estuviera solo en este proceso, frente a gente con los mejores abogados.”
También expresó su frustración con el procedimiento judicial: “Lo que he sufrido me ha hecho desconfiar totalmente del sistema judicial”.
