El nuevo sistema privado de reparto de ayuda humanitaria en Gaza, promovido por el Estado de Israel y los Estados Unidos de América a través de la “Fundación Humanitaria para Gaza”, ha quedado paralizado tras el caos y los incidentes ocurridos en su primer día de funcionamiento.
Según fuentes citadas por El País y Reuters, miles de palestinos se han agolpado en un punto de distribución en Rafah, lo que ha derivado en 47 heridos por disparos del ejército israelí.
El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, califica el modelo israelí de “despilfarro” y “distracción de las atrocidades”, y denuncia que “no se ajusta a los principios humanitarios fundamentales”.
La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha exigido a la entidad sionista que detenga sus ataques contra civiles y que no politice ni militarice la ayuda humanitaria, subrayando que la distribución debe estar en manos de la ONU y no de entidades privadas.
“La UE reitera que la ayuda humanitaria nunca debe politizarse ni militarizarse y recuerda el papel de la ONU en la distribución de la ayuda”, afirma Kallas en un comunicado. La jefa de la diplomacia europea también “condena” verbalmente la violencia de colonos sionistas en Cisjordania y pide al Gobierno de Israel que rinda cuentas por estos crímenes.
Mientras tanto, la ofensiva genocida israelí en Gaza continúa agravando la crisis humanitaria. Según el Ministerio de Sanidad gazatí, al menos 23 personas han sido asesinadas en ataques israelíes en las últimas horas, y desde el inicio del genocidio intensificado en octubre de 2023 han matado a más de 54.000 personas confirmadas, un tercio de ellas menores de edad.
El sistema sanitario de Gaza está colapsado, con 22 de 38 hospitales fuera de servicio y una grave escasez de medicamentos y material sanitario.
El nuevo papa León XIV y el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, se han sumado a las voces internacionales que piden el cese inmediato de los bombardeos y la reanudación de la ayuda humanitaria, reclamando el “respeto al derecho internacional y la protección de la población civil”.
