El gran apagón eléctrico del pasado 28 de abril ha marcado la segunda jornada del foro CREO, organizado por Cinco Días y Prisa Media, donde los principales actores del sector energético español han intercambiado acusaciones sobre la causa y la responsabilidad del incidente, que sigue siendo un gran interrogante un mes después de los sucesos.
Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, afirma que “la responsabilidad de amortiguar las oscilaciones es del operador del sistema”, en referencia a Red Eléctrica (Redeia), y subraya que en los días previos al apagón ya se habrían detectado “grandes oscilaciones” en el sistema. “Responsabilidad no significa culpable, hay que separar muy bien la responsabilidad de la culpabilidad”, matiza Ruiz-Tagle durante su intervención, en presencia de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor.
Por su parte, Beatriz Corredor sostiene unas tesis similares a las del Gobierno español, defendiendo la actuación del operador y señalando a las centrales convencionales —hidroeléctricas, nucleares y ciclos combinados, propiedad de las grandes eléctricas— como responsables, al menos parciales, de la caída del sistema.
“En el momento del apagón, la hidroeléctrica, nuclear y los ciclos combinados estaban absorbiendo menos potencia reactiva de lo que la normativa les obliga”, afirma Corredor, añadiendo que los parámetros de tensión de Red Eléctrica “eran correctos” y que “las energías renovables no fueron un problema”.
Corredor explica que “a los 10 minutos de caerse ya se estaba reponiendo” el sistema y que la maniobra de recuperación “se realizó mediante telemando con 5.000 operaciones exitosas”.
El debate técnico y de responsabilidades se produce en un contexto de transformación del sector energético y de revisión de la planificación de cierre de centrales nucleares, como defendió Francisco Reynés, presidente de Naturgy.
Reynés consideró “razonable” revisar el calendario de cierre nuclear tras el apagón, mientras que otros actores del sector, como Javier Martínez (Prosolia) y Loreto Ordóñez (ENGIE), reclaman “agilidad administrativa” y una “reflexión” sobre la fiscalidad y la resiliencia del sistema eléctrico.
