La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han emitido este jueves un comunicado conjunto en el que “solicitan” a los partidos políticos del Congreso de los Diputados que rechacen la reforma legal para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
En el texto, ambas organizaciones empresariales afirman que esta medida “va a ocasionar graves perjuicios al tejido empresarial y, en consecuencia, a la economía y el empleo”.
Según las patronales, “estos cambios tendrán un impacto directo, no solo en las empresas, sino también en la vida de los ciudadanos en forma de peor oferta de bienes y servicios o de un aumento de sus precios”.
En el comunicado, la CEOE y Cepyme insisten en que “producir lo mismo y al mismo precio en menos tiempo o con mayores costes va a ser muy difícil o, en muchos casos, imposible si se quiere mantener la viabilidad de nuestras empresas y de nuestras plantillas”.
Además, critican el contenido de la memoria de impacto normativo elaborada por el Ministerio de Trabajo, según la cual “la medida generaría un incremento de costes cercano al 7%”.
Las patronales aseguran que el documento “perfila una realidad sesgada” de sectores como Agricultura, Ganadería y Pesca, Hostelería y Comercio, y acusan al Ministerio de “manipulación” para justificar una medida que, según denuncian, “es fruto de un acuerdo meramente político”.
La reacción empresarial coincide con la intervención de la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante un foro organizado por Cinco Días, en el que reconoció que en el Estado español “existe un problema de absentismo”.
Díaz ha diferenciado entre absentismo “involuntario” y “voluntario”, y ha propuesto medidas para reducirlo en paralelo al debate sobre la jornada laboral.
También ha admitido que las empresas con jornadas de 40 horas semanales “van a tener que hacer un esfuerzo mayor” para adaptarse a la nueva normativa y ha anunciado que el Ejecutivo estudia “correcciones” para acompañar su implementación.
Según informa El Mundo, estas concesiones surgen tras las dificultades de Moncloa para reunir apoyos parlamentarios suficientes, con Junts manteniendo viva la posibilidad de una enmienda a la totalidad.
