El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, envió a 238 inmigrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, a pesar de saber que la mayoría no tenía antecedentes penales. En esta prisión, se han reportado al menos 415 muertes de reclusos.
Según recoge EFE, documentos del Departamento de Seguridad Interna (DHS) obtenidos por ProPublica, The Texas Tribune, Cazadores de Noticias Falsas y Alianza Rebelde Investiga, solo 32 de los deportados habían sido condenados por algún delito en EEUU, y la mayoría por faltas no violentas como robo en tiendas o infracciones de tránsito.
Los datos oficiales muestran que únicamente seis de los deportados presentaban condenas por delitos violentos en territorio estadounidense: cuatro por agresión, uno por secuestro y otro por posesión de armas. Además, 130 de los detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, no tenían ningún tipo de antecedente penal ni cargos pendientes, más allá de “infracciones” migratorias.
El informe contradice las afirmaciones del expresidente Trump, quien describió a los deportados como “lo peor de lo peor” y los vinculó con la organización criminal Tren de Aragua, catalogada por su administración como “terrorista”.
Las investigaciones también revelan que no hay coincidencias entre los nombres de los 238 migrantes y las listas de presuntos “pandilleros” elaboradas por autoridades venezolanas e Interpol, que incluyen más de 1.400 registros.
Según ProPublica y Texas Tribune, fuera de EEUU solo 20 de los expulsados tenían antecedentes, 11 de ellos por delitos violentos. El Instituto Cato también documentó que al menos 50 de los deportados habían ingresado legalmente al país.
Mientras tanto, la Casa Blanca enfrenta varios procesos judiciales relacionados con deportaciones “erróneas”, y la Corte Suprema ha suspendido nuevas expulsiones a El Salvador hasta que se resuelvan las demandas.
