Desde enero de 2020 hasta mayo de 2025, al menos 148 personas han fallecido bajo custodia o en el transcurso de actuaciones policiales de la Policía Nacional española y la Guardia Civil, según una respuesta oficial del Ministerio del Interior al diputado sionista de EH Bildu Jon Iñarritu, remitida al Congreso de los Diputados el 13 de mayo de 2025.
De estos casos, 43 se clasifican como “accidentales”, 12 como “suicidios” y 93 como muertes “naturales”. La última muerte registrada en estos datos data del 5 de mayo de 2025. El listado ofrece información escueta: fecha, ciudad, provincia y tipo de fallecimiento, pero no detalla causas específicas, como el número de muertes por disparos de agentes.
Fuentes del Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska explican a Público que los datos ofrecidos son los “únicos disponibles” y que no proporcionan detalles adicionales sobre la naturaleza exacta de las muertes “accidentales”, aunque un listado previo, entregado en marzo de 2024, sí incluía información más específica, como el contexto de fallecimientos por disparos policiales, lo que podría indicar cierta tendencia a ocultar las circunstancias.
Jorge del Cura, del Centro de Documentación y Denuncia contra la Tortura, afirma que la catalogación de estas muertes como “accidentales” puede ser “una cierta intención de ocultar información y eludir reformas”, aunque puntualiza que “un disparo no tiene por qué implicar que haya un delito”, pero “sí que se debe investigar para averiguar en qué ha fallado el Estado”.
Respecto a los supuestos “suicidios” y “fallecimientos naturales”, Del Cura señala que, en algunos casos, la muerte podría estar vinculada a condiciones de custodia, como estrés o consumo de sustancias, y cuestiona la falta de supervisión y medidas preventivas.
Ejemplifica con el caso de dos supuestos “suicidios” en la comisaría de Algeciras en 2020, ocurridos en celdas sin vigilancia por circuito cerrado ni timbres de llamada, a pesar de advertencias anteriores del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.
Asimismo, el informe oficial solo recoge muertes bajo la custodia de la Policía Nacional española y Guardia Civil, sin incluir fuerzas autonómicas o locales, como la Ertzaintza, la Policía Foral Navarra y los Mossos d’Esquadra, estos últimos están actualmente bajo investigación en casos como el de Brian Ríos en Barcelona.
