El Gobierno alemán, liderado por el canciller Friedrich Merz, ha anunciado que mantendrá la práctica de devoluciones en caliente en la frontera, pese a la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Berlín que ordenó suspender la expulsión inmediata de tres ciudadanos somalíes.
El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, declaró el pasado 2 de junio que “mantenemos las devoluciones, pensamos que tienen una base legal y seguiremos actuando así”, y confirmó que el Ejecutivo apelará la decisión judicial. Esta política, impulsada tras la toma de posesión del nuevo Gobierno en mayo de 2025, fue una de las promesas electorales de la coalición.
De acuerdo con DW, el fallo judicial sostiene que Alemania debe examinar individualmente cada solicitud de asilo conforme al Reglamento de Dublín, en lugar de realizar expulsiones inmediatas en frontera.
El tribunal determinó que la negativa a admitir a los tres ciudadanos somalíes debió estar mejor fundamentada y que el procedimiento aplicado vulnera el derecho a un recurso efectivo y la prohibición de expulsiones colectivas, protegidos tanto por el derecho europeo como por la Ley Fundamental alemana.
Dobrindt argumentó que se trata de un “caso individual” y anunció que el Gobierno aportará “razones adicionales” en la apelación.
La decisión del Ejecutivo de mantener la política pese a un mandato judicial en contra ha generado críticas sobre el respeto al Estado de derecho y la separación de poderes en Alemania.
Expertos constitucionalistas y organizaciones de derechos humanos advierten que desoír una resolución judicial supone un desafío directo a la obligación de la Administración de someterse a la ley y al control judicial; en teoría, pilares básicos de la democracia alemana.
Además, la continuidad de estas devoluciones ha provocado tensiones diplomáticas en la región; la embajada francesa en Berlín ha solicitado “claridad sobre su política migratoria”, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.
