A pesar de haber rescindido en abril el contrato con la empresa israelí IMI Systems para la compra de munición y de haber anunciado la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, el Gobierno de español continúa manteniendo una amplia red de relaciones comerciales en materia de “seguridad” con empresas israelíes.
Según un informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau publicado en enero de 2025, el Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, ha adjudicado al menos 46 contratos a la industria militar israelí desde el inicio de la ofensiva militar en Gaza, por un precio superior a los 1.044 millones de euros.
Entre las principales compañías beneficiarias figuran Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems, Netline Communications Technologies y Magal Solutions, que suministran tecnologías de vigilancia fronteriza, ciberseguridad y equipamiento militar.
Las adquisiciones incluyen repuestos para sistemas de radioenlace, sistemas electrónicos de inteligencia y equipos de inhibición de señales. Según la plataforma de contratación del sector público, estos contratos han sido adjudicados en su mayoría sin licitación abierta, al considerar el Ejecutivo que las empresas israelíes eran “las únicas capacitadas para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico”.
Entre los contratos figura, por ejemplo, la compra en enero de 2024 de repuestos por el precio de 3,7 millones de euros a Elbit Systems, o la adquisición en abril de un pod designador aéreo a Rafael por más de 207 millones de euros, vigente hasta 2027.
De acuerdo con el Centre Delàs, estos sistemas han sido probados en operaciones militares en Palestina contra la población nativa y su exportación legitima la ocupación y refuerza una industria muy cuestionada en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha advertido de que el uso de tecnologías algorítmicas en la vigilancia fronteriza puede incurrir en serias violaciones de derechos humanos y reproducir sesgos raciales y sociales.
Además, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha recordado que la Ley 53/2007 sobre el comercio de material de defensa prohíbe las transferencias si existen indicios de que puedan emplearse para perturbar la paz o cometer crímenes internacionales.
A preguntas de Público, el Ministerio de Defensa ha remitido a declaraciones previas de la ministra Margarita Robles, quien afirmó que “puede haber productos que tengan una licencia o tecnología israelí si son productos absolutamente imprescindibles para la seguridad de nuestros militares”.
