El Gobierno español ordena el desahucio de 29 familias de viviendas públicas en Madrid tras 18 años de alquiler

La Tesorería de la Seguridad Social quiere desalojar a 29 familias tras años de alquiler y sin ofrecer alternativas habitacionales, mientras mantiene casi 1.000 pisos vacíos.

La ministra de Inclusión Seguridad Social Migraciones, Elma Saiz, en una visita oficial.
Foto: @inclusiongob (X)

La Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Gobierno español encabezado por Pedro Sánchez, ha notificado a 29 familias que residen en pisos de alquiler en barrios céntricos de Madrid, como Lavapiés, Argüelles, Ventas y Pacífico, que deberán abandonar sus viviendas antes del 31 de julio, según recoge el diario El Mundo.

Los inquilinos, que accedieron a estas viviendas a través de la Sociedad Pública de Alquiler creada en 2005, han pagado alquileres de entre 900 y 1.200 euros mensuales durante hasta 18 años. “El que nos echa de nuestras casas no es un fondo buitre, sino el Ejecutivo de Pedro Sánchez”, afirma Máximo Peña, portavoz de la Plataforma de Familias Desahuciadas por la Seguridad Social.

Los afectados critican que la única alternativa ofrecida por la Tesorería es la compra de las viviendas a precios de mercado, entre 500.000 y un millón de euros, una opción inasumible. Óscar Amores, uno de los inquilinos, señala: “Nos sentimos maltratados como ciudadanos que pagamos impuestos y creemos en la política”.

Los vecinos denuncian además que existen cientos de pisos vacíos propiedad de la Seguridad Social, pero que se prioriza la enajenación de viviendas habitadas.

Un informe del Tribunal de Cuentas de 2022 citado por el diario El Mundo señala que en 2019 la Tesorería contaba con 4.115 inmuebles, de los que 874 estaban vacíos, y critica la gestión “poco eficiente” del patrimonio público, que supone un coste de 143 millones de euros al Estado.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones argumenta que los contratos, firmados originalmente en 2006 y prorrogados por cinco años, “están vencidos y que la venta es la única solución tras un dictamen del Servicio Jurídico de la Seguridad Social”.

Los afectados, que no han recibido ninguna alternativa habitacional por parte del “Gobierno más progresista de la historia” han solicitado reuniones para buscar una solución colectiva, denunciando la incoherencia del Gobierno y la ausencia de alternativas habitacionales. “Cuando vas a perder tu vivienda, pierdes tu vida”, concluyen los vecinos.