El Gobierno español firmó en abril de 2024 un contrato de 207 millones de euros con la empresa pública israelí Rafael Advanced Defense Systems para el suministro de designadores láser POD destinados a los aviones Eurofighter, según consta en el Boletín Oficial del Estado y la Plataforma de Contratación del Estado consultada por eldiario.es.
Esta adquisición, vigente hasta 2027, se enmarca en el nuevo Plan de Seguridad y Defensa, que prevé un incremento del gasto militar hasta el 2% del PIB conforme a los compromisos con la OTAN. El Centre Delàs de Estudios por la Paz señala que el plan incluye también otros contratos en los que podrían estar involucradas tecnologías de la empresa israelí Elbit.
El material adquirido corresponde a sistemas de puntería de alta precisión empleados en ataques aéreos, integrados en los programas Halcón I y II de los Eurofighter. Aunque el Ministerio de Defensa ha afirmado que “ninguno de los 31 programas de Modernización incluye tecnología israelí”, los contratos y la documentación oficial identifican a Rafael como adjudicataria y al Estado de Israel como proveedor.
La propia empresa promociona estos productos como “probados en combate”, lo que implica su uso en la Palestina ocupada. Según el Centre Delàs, “el dinero destinado a esta empresa contribuye a fortalecer el sistema de ocupación ilegal y de apartheid” impulsado por el Ejército israelí.
Todas estas compras se producen mientras el Gobierno de Pedro Sánchez refuerza su palabrería respecto a Israel en foros internacionales. En mayo de 2025, Sánchez anunció en la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad que “España impulsará en la ONU una resolución para que la Corte Internacional de Justicia exija a Israel el cumplimiento de sus obligaciones internacionales respecto al acceso de ayuda humanitaria en Gaza”, unas “obligaciones internacionales” que ni el propio Gobierno español cumple.
Además, el Estado español se ha sumado al procedimiento iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por violación de la Convención de Naciones Unidas sobre genocidio en Gaza, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Pese a este posicionamiento, el Ministerio de Defensa ha defendido públicamente la continuidad de estos contratos por ser “imprescindibles” o “no sustituibles”, mientras más de 500 organizaciones reclaman un embargo integral de armas al Estado de Israel y el Congreso de los Diputados tramita una proposición de ley en ese sentido, aunque el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez podría aplicar el embargo por decreto si quisiera.
