Previsto el desahucio de una mujer en situación de vulnerabilidad en el Casco Viejo de Iruñea

Ana Belén, con un 75 % de discapacidad y en tratamiento oncológico, podría ser desalojada este miércoles tras la no renovación de su contrato de alquiler.

Imagen de archivo de una calle del Casco Viejo de Iruñea (Nafarroa).
Foto: theaustralian.com.au

Este miércoles 4 de junio a las 09:00 está programado el desahucio de Ana Belén, vecina del número 17 de la calle San Lorenzo, en el Casco Viejo de Iruñea (Nafarroa).

El intento de desahucio se produce tras un procedimiento judicial iniciado a finales de 2021 por la finalización del contrato de alquiler, promovido por uno de los propietarios del edificio, quien posee al menos siete viviendas en la misma finca y varios inmuebles adicionales. Según ha informado el Etxebizitza Sindikatua Sozialista Iruñerria en un comunicado, el propietario se niega a negociar y no ha asumido las reparaciones necesarias en la vivienda, donde Ana Belén reside actualmente sin agua caliente.

Ana Belén, de 57 años, tiene reconocida una discapacidad del 75% y está en tratamiento contra un cáncer. Vive en el piso desde 2016, junto a su pareja. En febrero de 2022, fue incluida en la moratoria de desahucios por razones de salud y vulnerabilidad, lo que paralizó temporalmente el procedimiento judicial.

No obstante, el juzgado ha reactivado el proceso tras considerar que la afectada “rechazó” dos propuestas de alojamiento. El Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria señala que esas opciones eran plazas en residencias, “que no constituyen alternativas habitacionales adecuadas”, y que, además, “no fueron comunicadas debidamente” a la afectada.

Etxebizitza Sindikatua critica que “las instituciones abandonan a su suerte a quienes se enfrentan a las miserias del mercado inmobiliario” y exige “la suspensión inmediata del desahucio”. También convoca una concentración de apoyo el mismo miércoles a las 07:30 frente al portal de la afectada.

“Ana Belén tiene derecho a seguir viviendo en su casa”, afirman desde la organización. Según denuncian, se trata de un caso más en el que “el negocio de la vivienda se impone frente al derecho a un acceso universal y digno a la misma”.