Ayuso propone multas de hasta 100.000 euros por protestas no autorizadas en universidades públicas

El proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores de Madrid prevé sanciones de decenas de miles de euros por escraches y protestas sin permiso en los campus.

Imagen de archivo de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Foto: N/D

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impulsa un nuevo proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que prevé un régimen sancionador sin precedentes en las universidades públicas madrileñas.

Según el borrador al que ha accedido El País, fechado el 29 de mayo, la norma considera “graves” conductas como los escraches o la celebración de manifestaciones sin autorización que impidan otras actividades, sancionables con multas de hasta 100.000 euros.

Las infracciones “muy graves”, como “no garantizar la libertad de expresión o de cátedra”, podrían ser castigadas con entre 100.000 y un millón de euros.

El texto, que aún no ha sido confirmado oficialmente por la Consejería de Educación, choca frontalmente con la Ley de Convivencia Universitaria estatal de 2022 y el Estatuto del Empleado Público, que ya regulan las infracciones en los campus.

Expertos como Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, advierten que la redacción de algunos artículos es “demasiado abierta” y podría ser “jurídicamente inaplicable”, al dejar un amplio margen de interpretación y atentar contra la seguridad jurídica.

Además, la asociación estudiantil Libertad sin Ira, cercana al PP y Vox, ha reivindicado haber inspirado parte del régimen sancionador, especialmente en lo relativo a la protección de lo que ellos denominan como “libertad de expresión” y la penalización de protestas que impidan actos autorizados.

15.000 euros por colocar pancartas

El borrador también contempla sanciones de hasta 15.000 euros simplemente por colocar pancartas no autorizadas y multas a universidades por “permitir manifestaciones no comunicadas que interfieran con actividades legales”.

Los rectores de las universidades públicas madrileñas han criticado la iniciativa por suponer “una intromisión en la autonomía universitaria” y por el riesgo de restringir el debate y la pluralidad en los campus, mientras que Ayuso defiende la ley como “garantía de espacios de ciencia y no de ideología”.