La ofensiva contra las garantías del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en materia migratoria está siendo impulsada por una alianza política transversal en la Unión Europea.
Líderes de bloques aparentemente dispares como la extrema derecha (Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia/ECR), la socialdemocracia (Mette Frederiksen, Partido Socialdemócrata Danés/S&D) y formaciones conservadoras (Donald Tusk, Plataforma Cívica/PPE; Christian Stocker, Partido Popular Austríaco/PPE) han suscrito una carta conjunta en la que acusan al TEDH de “haber ido demasiado lejos en la protección de los derechos de las personas migrantes” y de “limitar la capacidad de los Estados para aplicar políticas de expulsión y control fronterizo”.
La iniciativa, respaldada por dirigentes del Partido Popular Europeo (PPE), Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), refleja que el endurecimiento de las políticas migratorias trasciende las aparentes divisiones ideológicas.
Entre las medidas criticadas por estos bloques figuran las sentencias del TEDH contra las devoluciones en caliente, la detención de menores no acompañados y la paralización del primer envío de solicitantes de asilo de Reino Unido a Ruanda.
El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha salido en defensa de la independencia del tribunal y ha advertido que “politizar el Tribunal” supone un riesgo para la estabilidad del Estado de derecho: “Las instituciones que protegen los derechos fundamentales no pueden doblegarse a los vaivenes cíclicos de la política”.
La presión de estos bloques políticos coincide con el avance de nuevas normativas europeas que refuerzan los controles fronterizos y externalizan la gestión migratoria, consolidando un consenso cada vez más amplio en torno a la restricción de derechos para las personas migrantes.
