El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica a Acciona, LIC y OPR como participantes sistemáticos en el pago de comisiones a cambio de contratos públicos entre 2018 y 2023, durante el mandato de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.
Según la documentación policial aportada, la suma de los concursos bajo sospecha supera los 500 millones de euros e involucra proyectos en Sevilla, Murcia, Logroño, Asturies, Teruel y Galiza. El informe atribuye a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, la gestión de hasta 650.000 euros en “mordidas” y sitúa a Koldo García, asesor de Ábalos, como intermediario en las negociaciones.
En el caso de Acciona, la UCO detalla pagos de 620.000 euros a Ábalos y García por adjudicaciones como la reforma del Puente del Centenario en Sevilla y el soterramiento ferroviario en Murcia.
En el caso de LIC, la investigación recoge pagos mensuales a Koldo García tras dejar el Ministerio, así como reuniones periódicas entre el gerente de la empresa, José Ruz, y los principales investigados.
La constructora valenciana LIC, además, atraviesa una sospechosa crisis financiera tras paralizar obras públicas en todo el Estado español y acogerse a un proceso de reestructuración de deuda, según recoge elEconomista.es.
Entre los contratos afectados figuran la construcción de un colegio en Zaragoza, la reforma de la sede de la Agencia Tributaria Canaria en Las Palmas y actuaciones del Ministerio de Transportes en Asturies y Huelva.
LIC atribuye su insolvencia a “impagos en Argelia y Panamá”, pero la UCO la vincula directamente a la trama de adjudicaciones irregulares, señalando pagos encubiertos y contrataciones simuladas como parte del sistema de acceso privilegiado a contratos públicos.
Acciona, controlada por la familia Entrecanales, ha anunciado “la apertura de una investigación interna” y asegura tener “desconocimiento, sorpresa y preocupación” ante los hechos investigados, desvinculándose de las conductas atribuidas a un exempleado despedido en 2021.
OPR, por su parte, aparece señalada por contratos en Asturies, Úbeda y Monforte, y por la contratación de personas del entorno de Koldo García.
En una rueda de prensa, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó este jueves de “gravísimos” los indicios recogidos en el informe policial. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido “explicaciones urgentes” al Ejecutivo y al PSOE.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la relación entre grandes empresas y el poder político en el Estado español, así como sobre los supuestos “mecanismos de control y sanción” en casos de corrupción.
Empresas, fuera del foco
La cobertura mediática sobre los casos de corrupción en la adjudicación de obra pública se centra principalmente en la dimensión política, destacando al PSOE, cargos implicados y repercusiones institucionales, mientras que el papel de grandes empresas adjudicatarias como Acciona, LIC u OPR recibe menos atención y suele relegarse a secciones secundarias o medios especializados.
Esta tendencia, observada en los principales diarios del Estado español, contribuye a que la corrupción empresarial tenga menor visibilidad pública y mayor impunidad, a pesar de estar documentada en informes policiales y sanciones de organismos reguladores, limitando y dirigiendo así el debate sobre la responsabilidad estructural de las compañías en la contratación pública.
Este 13 de junio, el día después del escándalo de Santos Cerdán, se confirma que la atención mediática se concentra en la dimensión política institucional de la trama de corrupción en la adjudicación de obra pública. En El País, la portada destaca la crisis en el PSOE y la presión sobre Pedro Sánchez, pero no menciona en titular a las empresas adjudicatarias implicadas, como Acciona, LIC u OPR.
La Vanguardia abre con la “pestilencia de corrupción” y sitúa en primer plano al exsecretario de organización del PSOE y a otros cargos políticos, relegando a las empresas a un segundo plano en el desarrollo de la noticia.
ABC y El Mundo también priorizan la cobertura de las consecuencias políticas, las dimisiones y las reacciones de los partidos, sin referencias destacadas en portada a las constructoras implicadas.
En todos los casos, la implicación de las empresas en la trama aparece superficialmente, solo en páginas interiores o en secciones especializadas, mientras que los titulares y sumarios principales se centran en la responsabilidad política y el impacto institucional. Además, los medios de comunicación no piden la misma contundencia con las empresas implicadas.
