El Estado español ha vivido un caso de corrupción política aproximadamente cada 48 horas durante el periodo 2000-2020, según un estudio del Instituto de Investigación en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona que contabiliza 3.743 casos judiciales en todo el Estado. De ellos, el Partido Popular (PP) está implicado en el 40,5% y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el 38,3%, sumando juntos más del 75% de los procedimientos abiertos.
Aunque la percepción social sitúa la corrupción en instancias políticas superiores y la valoración subjetiva de los gobiernos municipales suele ser mayor, la mayoría de los casos de corrupción política casos se localizan en el ámbito municipal, representando alrededor del 85% del total, con especial concentración en Andalucía, el País Valencià y Galiza.
Otro dato que destaca es que 1.498 de los 8.131 municipios del Estado español (incluyendo Ceuta y Melilla) ha estado salpicado por al menos un caso de corrupción, es decir, el 18,4% del total. Además, es significativo que en esas 1.498 localidades residen el 73,5% de la población total del Estado español.
Por tramos de población, el mayor número de casos se han dado en aquellos municipios mayores de 2.000 habitantes y menores a 100.000, que suponen el 62,7% de los 1.498 casos. Además, existe una correlación directa entre el tamaño del municipio y la probabilidad de corrupción: el 92% de las ciudades con más de 100.000 vecinos ha sufrido algún caso de corrupción. Por si esto fuera poco, en el 42,5% de las localidades se ha dado más de un caso de corrupción, y 146 de ellos han registrado más de cinco.
Los delitos de corrupción destapados más frecuentes están relacionados con la corrupción urbanística, la sustracción de fondos públicos y el amaño de contratos públicos.
Cerca de un tercio de los casos (1.270) fueron archivados, mientras que un 35,9% llegó a juicio. Entre los que pasaron ante el juez, el 15,7% de los procedimientos (588) resultó en absolución, mientras que el restante 20,2% (756) terminó con la condena de al menos uno de los encausados.
Con una media de un caso cada 48 horas, vuelve a quedar en evidencia la magnitud y el carácter sistémico de la corrupción política en el Estado español, un fenómeno que afecta a las principales formaciones políticas y que sigue generando desafección política.
