La Comisión Europea y el Consejo de Europa han instado reiteradamente al Gobierno español a garantizar la transparencia y el control efectivo de la actividad de los lobbies, en línea con los estándares europeos. Sin embargo, el proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, presentado por Moncloa en febrero, ha sido criticado por su falta de ambición y por excluir a actores clave como partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y colegios profesionales.
Además, el texto no obliga a los lobbies a detallar su actividad, permite hasta seis reuniones anuales sin registrar, no penaliza la ocultación de información ni la reincidencia, y no exige la conservación permanente de los registros, según el análisis de la Fundación Civio.
El Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), advirtió en abril que el Estado español sigue incumpliendo la mayoría de sus recomendaciones sobre prevención de la corrupción de altos cargos, en particular la regulación de los contactos con lobbies, los conflictos de interés y las puertas giratorias.
GRECO señala que la implementación de las recomendaciones es “pobre” o parcial, y que la ausencia de un control independiente y de sanciones efectivas limita el impacto real de la futura ley.
El informe también critica que el proyecto no contemple mecanismos de supervisión autónoma ni la obligación de publicar información relevante sobre las reuniones y los temas tratados con los grupos de presión.
Organizaciones como Civio han trasladado a los partidos políticos un resumen de las deficiencias del proyecto y han pedido que se refuerce la norma para garantizar la transparencia y el interés público.
Entre las demandas figuran la inclusión de todos los colectivos con capacidad de influencia, la obligación de detallar las actividades de lobby, la creación de un órgano de control “independiente” y la introducción de sanciones proporcionales en caso de incumplimiento.
El Parlamento Europeo y la Comisión Europea cuentan desde 2011 con un registro común de transparencia para supervisar la actividad de los lobbies, un tímido modelo que el Estado español ni siquiera ha conseguido replicar de forma efectiva.
