La Comisión Europea ha dado un toque de atención al Gobierno español al abrir un procedimiento de infracción por la forma en que grava a los ciudadanos no residentes que poseen viviendas en el Estado español, especialmente segundas residencias.
La ley española buscaba, en un contexto de crisis habitacional agudizada, “limitar” la compra y acumulación de segundas viviendas por parte de extranjeros no residentes, presumiblemente sectores pudientes del norte de Europa. Con ello, pretendía “aumentar la oferta de vivienda disponible”. Para ello, el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) obligaba a tributar por una renta imputada —una cantidad ficticia calculada sobre el valor catastral del inmueble— a quienes tienen una vivienda en el Estado español que no es su residencia habitual ni está alquilada.
Sin embargo, lo cierto es que la medida fiscal ha tenido bajo impacto, ya que, en la práctica, no ha supuesto una barrera real para la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, ni ha frenado la especulación inmobiliaria. La recaudación anual (137 millones de euros en 2023) es significativa para el Gobiern, pero no disuasoria a gran escala.
“Discriminación de los no residentes”
Pues aún y todo, Bruselas considera que esta medida “vulnera la libre circulación de capitales y personas” dentro de la Unión Europea, y que ha de ser eliminada. La Comisión Europea interpreta que esta práctica supone “una discriminación indirecta contra los no residentes”, al gravarles de forma diferente a los residentes, cuya mayoría padece serios problemas con el acceso a la vivienda.
Madrid tiene ahora un plazo de dos meses para modificar esta normativa y tratar de evitar que el caso escale hasta el Tribunal de Justicia de la UE.
Límites legislativos
Este episodio pone de manifiesto las limitaciones que tienen los estados que pertenecen a la UE para regular el mercado inmobiliario cuando choca con las reglas impuestas por Bruselas, y evidencia que las medidas para contener el negocio y garantizar el derecho a la vivienda deben buscarse en otros ámbitos, no en leyes que la UE no permite aplicar.
Mientras tanto, el debate interno en el Estado español continúa, con los dirigentes de la Moncloa intentando poner condiciones mínimas a la fiscalidad sobre viviendas vacías y segundas residencias, pero sin una voluntad política firme y con un marco europeo que restringe sus opciones en el margen legislativo. Mientras tanto, gran parte de la clase trabajadora del Estado español padece los problemas estructurales de la crisis de vivienda.
