El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el recurso presentado por la plataforma Airbnb y confirma la orden del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que la plataforma retire de forma inmediata 5.800 anuncios de viviendas turísticas que no cumplen la normativa vigente.
Estos anuncios, localizados en Andalucía, Comunidad de Madrid, Catalunya, País Valencià, Illes Balears y la Comunidad Autónoma Vasca, forman parte de un primer lote de irregularidades detectadas dentro de una investigación más amplia sobre más de 65.000 anuncios que no cumplen la normativa vigente.
Según la Dirección General de Consumo, los anuncios considerados ilegales presentan tres tipos de incumplimientos: no incluyen el número de licencia o registro turístico exigido por la normativa autonómica, emplean números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, o no indican la naturaleza jurídica del arrendador, dificultando así que los consumidores sepan si contratan con un particular o con una empresa.
Estas prácticas irregulares vulneran incluso la escueta legislación sobre publicidad y transparencia en el alquiler turístico y pueden inducir a error a los usuarios.
Airbnb, por su parte, sostiene que la repetida tesis liberal de que “la raíz de la crisis de vivienda es la falta de oferta” y defiende que “la solución es construir más viviendas; cualquier otra cosa es una distracción”, según declaraciones recogidas por The New York Times. Sin embargo, los datos más recientes sobre construcción, compraventa e índices de precios desmienten esta tesis.
