En el marco de la investigación por presuntas mordidas en adjudicaciones públicas que ha llevado a la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó registros en varias empresas vinculadas al caso, pero no en la sede de Acciona, la firma más grande y señalada como principal pagadora de comisiones ilegales.
Según las actas a las que ha tenido acceso Cadena SER, la UCO entró por la fuerza y registró las sedes de Obras Públicas y Regadíos, Levantina Ingeniería y Construcción y Servinabar 2000, pero en Acciona se limitó a enviar un requerimiento formal.
La Guardia Civil solicitó a Acciona Construcción el acceso y clonado del correo electrónico corporativo del directivo Fernando Agustín Merino, implicado en la trama y despedido en abril de 2021, aunque la empresa no ha entregado aún toda la información alegando el “volumen del contenido”.
Además, se solicitaron cinco expedientes de adjudicación bajo sospecha; aunque se entregó gran parte de la documentación, faltan las certificaciones de dos obras, cuya entrega está “pendiente a la mayor brevedad posible”.
Misterios en la UCO
La UCO no ha explicado públicamente por qué optó por un requerimiento en lugar de un registro en Acciona, a diferencia de las otras tres sociedades.
Este hecho ha generado preguntas sobre la actuación policial, especialmente teniendo en cuenta que el coronel Manuel Sánchez Corbí, exjefe de la UCO, es desde 2021 responsable de seguridad internacional de Acciona. La Guardia Civil ha asegurado que Sánchez Corbí “no ha tenido nada que ver con su actuación y está totalmente al margen”, una afirmación que no ha podido ser comprobada de forma independiente.
Asimismo, la empresa cuenta con otros vínculos con la Guardia Civil, como Paloma Pérez de los Cobos, responsable de comunicación de una división de Acciona y hija del coronel Diego Pérez de los Cobos, también destituido por el ministro del Interior.
La investigación continúa abierta y la documentación pendiente de entrega es considerada clave para esclarecer la supuesta trama de corrupción.
