El juez del Tribunal Supremo español Leopoldo Puente ha interrogado este lunes al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García en el marco de la investigación sobre el presunto reparto de comisiones ilegales (“mordidas”) vinculadas a adjudicaciones irregulares de obra pública durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes (2018-2021). Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ambos habrían favorecido a empresas como Acciona, LIC y OPR en la obtención de contratos públicos, percibiendo presuntamente 620.000 euros, cantidad que, según los investigadores, habría sido gestionada por el ex número 3 del PSOE y exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán. Koldo García sostiene que aún quedarían 450.000 euros pendientes de cobro.
La comparecencia de Ábalos se ha producido poco antes de las 9:30, sin que el exministro hiciera declaraciones a la prensa y en medio de gritos de “corrupto” y “putero” de un grupo de manifestantes. Koldo García, por su parte, ha solicitado in extremis el aplazamiento de su declaración alegando que su nueva defensa “no dispone de la copia completa de las actuaciones”, lo que le “impide ejercer con plenitud el derecho a una defensa efectiva”, según el escrito presentado ante el Supremo. Según recoge EFE, el juez ha rechazado la petición y ha advertido que podría imponer medidas cautelares más restrictivas si no comparecía.
La investigación se apoya en registros recientes en domicilios, la sede del PSOE, el Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras, así como en grabaciones realizadas por el propio Koldo García entre 2019 y 2023, que documentan conversaciones sobre el pago de presuntas contraprestaciones económicas tras la adjudicación de obra pública. El magistrado podría agravar las medidas cautelares que pesan sobre los investigados si lo solicitan las acusaciones populares, coordinadas por el PP, que no descartan pedir prisión provisional. Santos Cerdán está citado a declarar el 30 de junio y, a comienzos de julio, lo harán cinco empresarios imputados en la trama.