Han detenido a dos personas e investigado a seis empresas —tres frutícolas del Bajo Cinca (Huesca, Aragón) y tres de trabajo temporal de Castellón, Barcelona y Madrid— por explotar ilegalmente a cerca de 200 trabajadores temporeros en condiciones de semiesclavitud, según Europa Press. Entre las víctimas había dos familias con hijos menores. Han encontrado a unas 50 personas en viviendas con peligro de derrumbe en Candasnos y a otras 147 hacinadas en una finca sin canalización de aguas fecales, con instalaciones eléctricas precarias y riesgo de incendio.
La investigación, iniciada tras varias denuncias, revela que los trabajadores, contratados en origen para la campaña de la fruta, vivían en condiciones que atentaban contra los derechos laborales y humanos más elementales. Una de las empresas implicadas retenía parte del salario en concepto de “alojamiento y transporte”, e imponía condiciones abusivas como el pago diferido del billete de regreso a su país de origen. Además, se realizaban obras ilegales en la finca para aumentar la capacidad de alojamiento, sin autorización ni garantías mínimas.
Parte de los trabajadores han sido realojados tras la intervención de las autoridades, mientras que el resto queda bajo la responsabilidad de una de las empresas frutícolas investigadas.
