El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha remitido al Tribunal Supremo español una exposición razonada para que investigue al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falso testimonio. La solicitud se enmarca en la investigación sobre la contratación de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Peinado sostiene que Bolaños podría, “en conexión con otras personas no aforadas”, haber participado en la contratación irregular de Álvarez, sin controlar las tareas que desempeñaba, que según el juez incluían funciones ajenas a las oficiales para las que fue nombrada, con cargo a fondos públicos. Además, el magistrado considera que el ministro incurrió en falso testimonio durante su declaración como testigo el 16 de abril de 2025, al negar conocer a Álvarez y su intervención en el nombramiento, afirmaciones que Peinado califica de “evasivas” y “no ajustadas a la verdad”.
En la exposición razonada, recogida por el diario El País, Peinado plantea la posibilidad de ordenar un registro en el complejo de La Moncloa para localizar documentos relacionados con el nombramiento de Cristina Álvarez, aunque considera que, “por ahora”, esta medida sería “desproporcionada” y no ha solicitado formalmente su ejecución.
El juez explica que el registro podría aportar pruebas clave para esclarecer quién propuso y autorizó el nombramiento, dado que Bolaños omitió “con reticencias maliciosas” respuestas veraces durante su declaración. La investigación se ha ampliado desde marzo de este año, con diversas declaraciones y diligencias en curso, y la decisión final sobre la imputación y la posible autorización de registros recae sobre el Tribunal Supremo, debido a la condición de aforado del ministro.
La causa se inició tras declaraciones de responsables de personal de Moncloa que situaron a Bolaños como responsable del fichaje de Álvarez cuando ejercía como secretario general de la Presidencia entre 2018 y 2021. El juez Peinado considera que la investigación es “imprescindible para el esclarecimiento de los hechos” y que solo el Supremo puede avanzar en la causa ante las “evasivas” del ministro. Bolaños defendió en su declaración la legalidad del nombramiento y negó irregularidades en el proceso.