El Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América autorizó este 23 de junio a la administración de Donald Trump a reanudar la deportación de personas migrantes a terceros países, sin que estas puedan apelar la decisión ni ser notificadas con antelación, incluso si alegan riesgo de persecución, tortura o muerte en el destino. La resolución, adoptada por mayoría conservadora y sin argumentación pública, revoca la orden del juez federal Brian Murphy, quien en abril había exigido que los migrantes tuvieran la oportunidad de defender sus casos antes de ser enviados a países donde podrían enfrentar graves peligros.
La medida se produce tras varios episodios recientes, como la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador, asiáticos a Panamá y cubanos y mexicanos a África, y después de que en mayo un grupo de ocho personas fuera enviado a Sudán del Sur, aunque el vuelo fue desviado a Yibuti por orden judicial. El juez Murphy había advertido que las expulsiones sin garantías mínimas “indudablemente” violan las protecciones constitucionales y la Convención de la ONU contra la Tortura, y había ordenado que los migrantes tuvieran al menos diez días para apelar y quince días para solicitar revisión si sus temores eran desestimados, según Associated Press.
Las tres juezas liberales del Supremo, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, emitieron un voto particular en contra. Sotomayor calificó la decisión como una “recompensa a la ilegalidad” y un “abuso flagrante”, criticando que el tribunal considere “más aceptable que miles de personas sufran violencia en lugares remotos que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se haya excedido en sus facultades correctivas”. Organizaciones de derechos humanos y abogados de migrantes han advertido que la resolución expone a “miles de personas al riesgo de tortura o muerte” y han anunciado que continuarán litigando los casos individuales ante los tribunales estadounidenses.
