El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó este martes la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre el Banco Sabadell, imponiendo como condición principal que ambas entidades mantengan personalidad jurídica, patrimonio y gestión separados durante un mínimo de tres años, periodo que podría extenderse hasta cinco tras evaluación de resultados.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que esta medida busca “proteger el interés general y responde a criterios como la defensa del empleo, la financiación a pymes, la red de oficinas y la obra social de ambas entidades”. Durante este tiempo, BBVA y Sabadell deberán gestionar de manera autónoma sus políticas de crédito, recursos humanos y servicios bancarios. Además, prometen que no podrán llevar a cabo procesos específicos de reducción de plantilla “asociados a la operación”.
Transcurridos los tres años, ambas entidades deberán remitir un informe detallando el modelo de gestión autónoma y su contribución al mantenimiento de los criterios de “interés general”, así como publicar un plan estructural a largo plazo sobre el impacto de su estrategia corporativa.
Según reporta EFE, el Ejecutivo decidirá entonces si prorroga la obligación de operar por separado otros dos años más. Esta decisión, que establece condiciones extra a las establecidas previamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pone fin al procedimiento de control de concentraciones económicas y se fundamenta en la normativa española y europea, según ha destacado el ministro Cuerpo.
La reacción política no se ha hecho esperar: Junts per Catalunya ha calificado de “insuficientes” las condiciones impuestas por el Ejecutivo y ha reclamado “mayor contundencia” para garantizar que la operación no prospere, defendiendo “la necesidad de una independencia de gestión permanente y no limitada en el tiempo”.
Por su parte, el Banco Sabadell ha pedido al BBVA que aclare cómo afectarán estas restricciones a la operación y a la retribución del accionista, mientras que el BBVA estudia el impacto de las nuevas condiciones antes de decidir si prosigue con la opa.
