El sector del metal en Cádiz (Andalucía) vive este miércoles su tercera jornada consecutiva de huelga indefinida tras el rechazo mayoritario de los trabajadores al preacuerdo alcanzado entre UGT y la patronal FEMCA, calificado como “convenio basura” por parte de los trabajadores. Desde primera hora de la mañana, piquetes y barricadas han provocado importantes retenciones en los accesos a Navantia San Fernando, la avenida de Astilleros y el polígono de Puerto Real, así como cortes de tráfico en la CA-34 y la A-7 en el Campo de Gibraltar, según han informado EFE y Diario de Cádiz.
La manifestación principal, convocada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) y CGT, y apoyada por CCOO, ha reunido a más de 5.000 personas, incluyendo familiares y la clase obrera gaditana solidaria con los huelguistas, recorriendo barrios obreros hasta la sede de FEMCA y finalizando ante el edificio sindical con una petición explícita de dimisión para Antonio Montoro, secretario general de UGT FICA Cádiz, por “suscribir un preacuerdo alejado de los intereses de la plantilla”.
El ambiente en la calle ha sido cálido por la solidaridad y la combatividad, con consignas afiladas contra la patronal y la burocracia sindical, y episodios de enfrentamientos puntuales con la policía. Durante la jornada anterior, la asamblea general de trabajadores, celebrada en los astilleros de Cádiz, votó de forma mayoritaria la continuidad de la huelga y la creación de una comisión “de verdad” para la defensa de los derechos laborales, liderada por CTM y CGT. Entre los principales puntos de desacuerdo figuran la aplicación del plus tóxico y penoso para trabajadores eventuales, los contratos fijos discontinuos y las condiciones salariales para menores de 25 años.
La Junta de Andalucía ha convocado a sindicatos y patronal a una nueva reunión esta tarde en Sevilla, en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, para intentar pacificar la combatividad obrera. UGT y FEMCA han confirmado su asistencia, mientras que CCOO, que no firmó el preacuerdo, ha anunciado que acudirá tras rechazar la cita previa por considerarla un “intento de desmovilización”.
El sector agrupa a unos 30.000 trabajadores en la provincia y mantiene su pulso en la calle, con un seguimiento masivo y presión creciente sobre las partes negociadoras.
