Los datos oficiales y científicos disponibles en el Estado español evidencian que la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual son fenómenos inseparables. Según el Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres, elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y presentado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al menos 114.576 mujeres ejercen la prostitución en el Estado español. De ellas, el 80% —unas 92.500 mujeres— presentan uno o más factores de riesgo de trata, lo que indica que podrían estar en riesgo de explotación sexual.
Ahora bien, el propio estudio matiza que, aplicando criterios más estrictos (como la concurrencia de tres o más factores de riesgo, siguiendo la metodología de la OSCE), la cifra de mujeres que están claramente o casi seguro en riesgo de trata se sitúa entre el 8,5% y el 15,4% del total, es decir, entre 9.764 y 17.639 mujeres. Pero esto no significa que el 80% no esté en riesgo, sino que el 8,5% o el 15,4% presenta indicadores seguros o casi seguros de trata. De hecho, tanto expertos como organizaciones de mujeres coinciden en que estas cifras solo representan “la punta del iceberg”, ya que gran parte de la realidad permanece oculta y presumiblemente ligada a la trata.
Además, el informe enviado a Naciones Unidas por 127 organizaciones feministas subraya que el Estado español, al ser un destino turístico preferente, es uno de los principales focos de explotación sexual en Europa y que la demanda masculina de prostitución —un fenómeno que afecta a cerca del 25% de los hombres en países occidentales— alimenta la captación y explotación de mujeres, en su mayoría extranjeras, jóvenes y de clase trabajadora. El estudio señala que la mayoría de los anuncios de prostitución en internet corresponden a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, y que la legislación actual no protege a las víctimas ni frena la expansión del sistema prostitucional.
Las inspecciones policiales y los datos judiciales confirman la magnitud del problema: en 2024 se realizaron más de 10.000 inspecciones en entornos de prostitución, con cientos de víctimas identificadas y redes organizadas desarticuladas cada año. La evidencia científica y estadística demuestra que la prostitución en el Estado español no se sostiene sin la trata de mujeres, y que la demanda masculina perpetúa un sistema basado en la captación, el control y la explotación sistemática de las víctimas.
Diversos informes académicos y de organismos internacionales, como el Informe del Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2019), el Estudio de la Comisión Europea sobre la prostitución y la trata (2016) y el Informe La explotación sexual y la prostitución y su impacto en la igualdad de género” (2014) de Amnistía Internacional coinciden en que la llamada “prostitución vocacional” —mujeres que ejercen la prostitución por “decisión propia” y sin coacción violenta directa— representa un porcentaje casi testimonial, estimado entre el 1% y el 5% del total. Estas cifras no cubren ni de lejos la demanda existente, lo que evidencia que la gran mayoría de la oferta responde a dinámicas de captación, coacción y explotación directa. Los expertos concluyen que sin trata y explotación intensiva, el mercado prostitucional en el Estado español sería residual y no podría sostenerse.
