El presidente español Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales han cerraron este martes en La Moncloa un acuerdo para transferir a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) la gestión de las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social, una demanda recogida desde hace décadas en el Estatuto de Gernika.
El pacto se produce en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente, presidida por ambos mandatarios, y representa un avance significativo en la agenda autonómica vasca, aunque deja fuera una de las principales peticiones del Gobierno vasco: la gestión de las prestaciones por desempleo.
Con este acuerdo, Lakua pasará a reconocer, abonar, inspeccionar y controlar tres de las principales ayudas no contributivas a la familia:
- La asignación económica por hijo a cargo o menor acogido con discapacidad.
- La prestación por nacimiento o adopción (pago único de 1.000 €).
- La ayuda por parto o adopción múltiples, con importes vinculados al Salario Mínimo Interprofesional.
También se traspasa la gestión del subsidio especial por nacimiento, destinado a mujeres que no cumplan los requisitos para cobrar la prestación por maternidad contributiva. En total, la competencia afectará a unas 20.000 personas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa (entre menores y mayores de edad) y supondrá la gestión de unos 100 millones de euros anuales. Sin embargo, el Estado español mantendrá la capacidad normativa: el Gobierno Vasco podrá gestionar las ayudas pero no modificar su cuantía, que seguirá dictándose desde Madrid.
El acuerdo incluye otras cesiones como las competencias sobre Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar, el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria en Barakaldo, y la apertura de una subcomisión para abordar la gestión de la red aeroportuaria vasca, que se analizará durante los próximos cuatro meses.
Aunque el lehendakari ha valorado positivamente el avance, ha dejado claro que "los traspasos no cumplen del todo con lo pactado en 2024" y ha exigido a Sánchez "mayor liderazgo" para "superar las resistencias" detectadas en sectores con "concepciones centralistas".
Estas ayudas se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que la CAV las descontará del Cupo mediante el sistema del Concierto Económico, aplicando un índice de participación del 6,24 %, que se traduce en algo menos de 100 millones de euros. Desde Lakua subrayan que el traspaso "respeta la unidad del sistema" y "no rompe la caja única de la Seguridad Social".
Por su parte, desde distintos sectores sociales y sindicales se destaca que "la operatividad local puede mejorar la accesibilidad", aunque advierten de que "el control político sin capacidad normativa es limitado".
El Ejecutivo vasco ha avisado de que espera más avances en su agenda autonómica antes de fin de año, especialmente en los ámbitos pendientes como desempleo, inmigración y gestión ferroviaria.
