En la madrugada del lunes, una o varias personas asaltaron el apartamento de Carolina Perles, tercera y última exmujer del exministro del PSOE José Luis Ábalos, ubicado en la calle Humilladero, en el barrio madrileño de La Latina.
El robo fue descubierto por la propia Perles al llegar al domicilio donde reside su hija Rocío, y donde se encontraron dos ordenadores, un teléfono móvil, una cámara fotográfica y 300 euros en efectivo sustraídos, además de la vivienda revuelta y con la cerradura forzada. Tras el hallazgo, la exmujer alertó a la Policía Nacional española, que ha iniciado una investigación para esclarecer si el móvil fue económico o si hay otra motivación detrás del asalto.
El apartamento, de aproximadamente 33 metros cuadrados, formó parte de una sociedad al 50% entre Ábalos y Perles hasta el acuerdo de divorcio del pasado año, tras el cual el exministro renunció a su parte en este inmueble a favor de su exesposa y su hija, viviendo actualmente en València. Según detallan varios medios españoles, el piso fue habitado durante años por Koldo García, exasesor de Ábalos implicado en el famoso ‘caso Koldo’ que ha puesto en jaque a todo el aparato del PSOE y al Gobierno español, lo que añade un contexto delicado e interés en la investigación por las posibles motivaciones del robo.
Fuentes policiales mantienen abiertas varias líneas de investigación mientras se continúa analizando el material sustraído y las circunstancias del allanamiento. Se espera que la Policía ofrezca avances próximamente en la investigación, dada la implicación no sólo patrimonial sino también potencialmente política del inmueble. Carolina Perles y su hija aún residen en el apartamento, a la espera de clarificar los hechos.
El asalto se ha producido horas después de que el exministro presentara una querella contra el actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Ábalos acusa a su sucesor de delitos de falsedad documental y falso testimonio de perito contra las responsables de la auditoría encargada por el propio Puente. Esta auditoría, realizada en agosto de 2024, analizó la adjudicación de contratos de adquisición de material sanitario durante la pandemia, que se investiga en el ‘caso Koldo’, y supuso la base para la imputación de Ábalos.
De acuerdo con la querella, el informe “carece de justificación legítima y presenta un propósito deliberado” para responsabilizar al exministro. Ábalos encargó un informe pericial que detectó irregularidades en dicha auditoría, y también señala que declaraciones posteriores en sede judicial contradicen el contenido del informe oficial. Las demandadas incluyen a la directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes y a la perito que firmó la auditoría.
