El Supremo confirma el procesamiento del fiscal general Álvaro García Ortiz

Descarta los recursos del fiscal y la Fiscalía y avala que García Ortiz sea juzgado por filtrar información reservada del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado español, saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Foto: N/D

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado, por mayoría, el procesamiento del fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos relacionados con la filtración de un correo confidencial en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El auto desestima los recursos presentados tanto por la defensa de García Ortiz como por la Fiscalía, confirmando que los indicios reunidos durante la instrucción son suficientes para formular acusación. La filtración, ocurrida el 13 de marzo de 2024, revelaba información confidencial de un correo del 2 de febrero en que el abogado de González Amador admitía delitos fiscales.

La nota informativa elaborada por la Fiscalía, que difundió el contenido del correo a la prensa para desmentir informaciones contradictorias, fue impulsada personalmente por García Ortiz para “ganar el relato”, según constata el instructor Ángel Hurtado y ahora avala el Supremo.

Sin embargo, la Sala ha archivado la causa contra la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, al no encontrar “indicios suficientes” de que participara en la filtración. Uno de los magistrados, Andrés Palomo del Arco, mantuvo un voto particular discrepando con la mayoría y proponiendo el archivo total para García Ortiz al considerar que “no se revelaron datos inéditos ni secretos”.

Mientras tanto, Moncloa mantiene su respaldo al fiscal general, aunque el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido su dimisión inmediata ante la presión política y pública que genera este proceso, que marca la primera vez que un fiscal general se sienta en el banquillo en el Estado español.