El martes 29 de julio, Teresa, trabajadora social de 48 años en O Porriño (Pontevedra, Galiza), envió un mensaje al sindicato CIG para pedir consejo ante una situación de acoso en la vivienda donde debía prestar servicio. La respuesta del sindicato fue recomendar firmar la renuncia para no acudir a ese domicilio, alegando acoso, sin embargo, la empresa obligó a Teresa a continuar aludiendo a su “función social”.
Teresa no llegó a responder a una indicación posterior del sindicato para contactar con una delegada sindical, y horas después fue asesinada en esa misma vivienda por el marido de la mujer a la que asistía. El agresor fue detenido, y la Guardia Civil investiga el caso.
El subdelegado del Gobierno en Galiza, Abel Losada, informó que el autor del crimen fue hallado en el lugar con manchas de sangre. La autopsia está pendiente y las diligencias están abiertas para aclarar todos detalles de los hechos. Según el sindicato, la empresa reconoció que ese mismo día Teresa comunicó un aviso de acoso sexual en la vivienda.
La CIG ha exigido al Ayuntamiento de O Porriño que paralice el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) “mientras no se garantice la seguridad” de las trabajadoras, lamentando que “llegamos tarde con Teresa” y denunciando la prevalencia de “otros derechos antes que los derechos de las mujeres”.
Este caso vuelve a arrojar luz sobre las deficiencias en los protocolos de prevención y respuesta ante agresiones a trabajadores sociales, quienes desempeñan sus funciones en contextos de alta vulnerabilidad. Manuales oficiales y protocolos en el Estado español subrayan “la necesidad de formación continua en autoprotección”, evaluación de riesgos específicos en cada domicilio y “mecanismos claros para suspender servicios en casos de violencia o acoso”, indicaciones que se incumplen por criterios económicos.
Sindicatos y expertos reclaman que se implementen medidas urgentes para garantizar la integridad física y emocional de estos trabajadores, evitando que la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre ellos.
