“El Estado del bienestar que tenemos hoy ya no se puede financiar con lo que producimos en la economía”, afirmó el canciller alemán Friedrich Merz el pasado 23 de agosto en una conferencia de miembros del partido CDU. El siguiente jueves, el propio Merz inspeccionaba fragatas militares antisubmarino en el mar Báltico. Paralelamente, Berlín anunciaba el refuerzo del servicio militar; que tendrá un carácter "voluntario", de momento.
Para sostener el esfuerzo bélico y las cuentas públicas en general, Merz afirmó que "es necesaria una revisión fundamental" del sistema de beneficios sociales ante el aumento progresivo del gasto, que superó los 47.000 millones de euros el año pasado y que continuará en ascenso debido al envejecimiento poblacional, el aumento del desempleo y el plan de rearme.
La economía alemana lleva varios años estancada: el PIB creció apenas un 1.6% desde 2017, y registró caídas en 2023 y 2024, un escenario que Merz vincula a "la insostenibilidad del gasto social".
Agenda "anti-migración y amigable con los negocios"
El panorama económico se acompaña de importantes presiones políticas y sociales. Merz, cuya coalición depende de la alianza con el SPD, llamó a ambos partidos —CDU y SPD— a comprometerse a tomar “decisiones difíciles” y avanzar hacia una coalición conjunta “anti-migración y amigable con los negocios”.
Parte central de este acuerdo es un endurecimiento en las políticas migratorias, con medidas para aumentar la capacidad de detención y acelerar las deportaciones de proletarios migrantes, coincidiendo con un estudio que pretende vincular la migración con un supuesto "deterioro en el rendimiento escolar alemán".
En comparación con otros países, Alemania mantiene un nivel relativamente bajo de deuda pública sobre el PIB (62,5%), frente al 96,3% del Reino Unido, donde los gastos sociales, especialmente en discapacidad y pensiones, son más elevados porcentualmente.
En Alemania, las pensiones estatales representan un 12% del PIB y los beneficios para familias y niños un 3,4%. Merz, con formación en derecho corporativo en entidades como BlackRock, el mayor fondo de inversiones del mundo, aseguró no temer “las descontentos dentro del partido” por sus propuestas y señaló que su gobierno "aún no está satisfecho con lo logrado", insistiendo en que "cambios y reformas son posibles".
